Una política cultural para una cultura política

UNA POLÍTICA CULTURAL PARA UNA CULTURA POLÍTICA¹

JUAN LUIS MORAZA

“La mayoría de la gente piensa que el hombre ha progresado en la moderna era industrial debido a que su conocimiento y su inventiva no tienen límites, lo cual no es más que una peligrosa verdad a medias. Todos los progresos se deben a subvenciones especiales de energía, evaporándose aquéllos cuando se suprimen éstas. El conocimiento y la inventiva son los medios para aplicar los subsidios de energía cuando se dispone de ellos, y el desarrollo y la conservación del conocimiento también dependen de la potencia desarrollada.”²

“tratando de dominar el poder político, a fin de asegurarse el ventajoso privilegio del reparto de los beneficios, los propietarios, los industriales y los financieros, constituyeron una potente coalición. Unos hombres situados en los puestos clave de la potencia gubernamental, “defensores de los intereses de la nación”, confundían estos últimos con los interese particulares de los industriales y los grandes financieros, pretendiendo, con remarcaba Cecil Rodhes, que todo debía subordinarse a los imperativos de la expansión […] todo aquello que es local, débil, personal e independiente, parece irremediablemente condenado”³

0. INTRODUCCIÓN.

La profesionalización de la política coincide con la conversión de la política en gestión, por lo que progresivamente los especialistas en gestión sustituyen a los políticos y a los expertos en cada una de las materias que la administración debe regular. La gestión cultural se ha convertido en una herramienta de gestión territorial y de desarrollo local más allá de su propio impacto cultural, a la par que en un marco conceptual para la reflexión estratégica en el territorio. Y precisamente por ello, la especialización en la gestión se aplica a la contratación de empresas especializadas en gestión, que no siempre proporcionan una mayor eficacia pero siempre suponen una disminución de las dotaciones asignadas a aquello que se gestiona. La especialización en gestión presupone que es superfluo el conocimiento de las disciplinas o de las materias de las que se trata, y presupone también la neutralidad de teorías de sistemas de gestión estrechamente ligadas a principios de economía liberal. El procedimiento recursivo de la legitimidad de la gestión y su resultado es una fragmentación de cada asunto -en este caso la política cultural- en una serie de ítems que reducen la complejidad a unas cuantas variables formalizables de acuerdo a estructuras de gestión. Como resultado, los hallazgos cognitivos se transforman en significantes de aplicación técnica, industrial o retórica, y quedan descontextualizados de los acontecimientos y de las comunidades, cadena de valor, transversalidad, innovación, desarrollo, interactividad, eficacia, productividad, participación, ciencia, gobernanza, investigación, gestión …se han convertido en un conglomerado de palabras mágicas que, en boca de empresarios, políticos y administradores públicos, esparcidos aleatoriamente en cualquier discurso, parecen garantizar legitimidad para cualquier causa que aparezca en ellas arropado. discursos se instituyen como instituyentes de la institución. En este contexto la cultura, como la política, son desplazadas hacia el ámbito de la gestión.

Auspiciados por administraciones locales y nacionales, se han elaborado en los últimos años algunos informes sobre planes estratégicos para las políticas culturales que revelan los supuestos anteriores. Desde 1959, la UNESCO ha venido realizando acciones y declaraciones destinadas a salvaguardar el patrimonio cultural de la humanidad, definiéndolo, identificándolo y protegiéndolo mediante la obtención de fondos internacionales, mediante informes, mediante recomendaciones a los poderes competentes en cada caso, y mediante proyectos de restauración y conservación. Pero si observamos la evolución de las diferentes declaraciones de la UNESCO sobre cultura, desde 1959 y sobre todo desde la célebre Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural (1972), hasta la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005), observaremos un proceso de creciente inmersión en la cultura industrial: De la protección de la cultura frente a los embites del desarrollismo, hasta la identificación de la cultura como un factor capitalizable de desarrollo capitalizable… Basándose en lecturas interesadas de dichas declaraciones, en contextos nacionales y locales se han ido generando informes y planes estratégicos han ido progresivamente devaluando las intenciones y recomendaciones sobre cultura y patrimonio. La “Guía para la evaluación de las políticas culturales locales. Sistema de indicadores para la evaluación de las políticas culturales locales en el marco de la Agenda 21 de la cultura”⁴, auspiciado como documento marco por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), es por su aspiración un documento importante, que permite apreciar en su desarrollo la preeminencia de la gestión sobre la gestación y sobre aquello que se gestiona. La Agenda 21, que tiene entre sus objetivos responder a los retos del desarrollo cultural del siglo XXI, propone en su artículo 25 “promover la implementación de formas de evaluación del impacto cultural para considerar, con carácter preceptivo, las iniciativas públicas o privadas que impliquen cambios significativos en la vida cultural de las ciudades”. Tomando como puntos de partida principios fundamentales indudables, legítimos e irrenunciables, el procedimiento de la industria de la gestión consiste en articular los principios de acuerdo a un proceso de fragmentación y decodificación que concluye en unos indicadores específicos que pueden resultar incongruentes y contraproducentes respecto a los objetivos declarados como principios. De este modo, el sistema de indicadores puede convertirse fácilmente en un sistema de legitimación no de las “políticas culturales”, sino más bien de las industrias de la gestión cultural. La reivindicación de las “industrias culturales” corre el riesgo de asumir acríticamente la impostura de ciertas “culturas industriales”. Y en nombre de la eficacia y la productividad, puede perderse la perspectiva sistémica de la cultura y su legitimidad social. Las consecuencias lógicas serán los recortes presupuestarios, la sectorización y la indeterminación del ámbito artístico, y la proliferación de las empresas y los profesionales de la gestión y el progresivo desplazamiento de los profesionales protagonistas de la cultura.

PARTE I. PRESUPUESTOS

Concepto antropológico y concepto disciplinar de cultura

Cualquier reflexión sobre política cultural debe en primera instancia diferenciar el uso de la categoría “cultura”. Es imprescindible diferenciar la acepción antropológica (o general) y la acepción disciplinar (o restringida) de la palabra “cultura”.

a) Desde las ciencias sociales, y de forma específica desde la antropología, el concepto de cultura incluye todas las formas de transmisión por procedimientos no genéticos: una “cultura material” (tecnologías, objetos, tanto funcionales como ornamentales), unas construcciones simbólicas (sistemas de lenguaje y de conducta, reglas, costumbres, relatos, etc.), un sistema de vivencias (un régimen perceptivo, unas formas de imaginación, unas estructuras psicodinámicas y emocionales, etc.) …y en definitiva, todo lo que constituye causa y efecto de la socialidad humana: sus relaciones sociales e interculturales -propiamente humanas- y en sus relaciones con el paisaje y con los animales.

b) En términos disciplinares, el concepto de cultura remite a un contexto específico de producción e interpretación ligado a las artes, lo que incluye un campo (de experiencias y categorías) y un ámbito (comunidad especializada, infraestructuras, presupuestos, etc.). Todas las sociedades humanas existen como cultura, pero no todas desarrollan el microcontexto cultural disciplinar, profesionalizado o especializado.

Desde esta diferenciación, existirá una “política cultural disciplinar”, específicamente ligada al microcontexto cultural y profesional (música, artes plásticas, teatro, danza, etc…), y una “política cultural” referida a la noción misma de sociedad, su desarrollo y sus formas de convivencia, representación, organización, esto es, una política cultural entendida como el intento -por parte de la administración pública- de comprender, propiciar, regular la sociedad. Es fácil entender que esta “política cultural” en su acepción antropológica, es un sinónimo de política, pero también de cultura: es el modo en que una cultura delega parte de sus desarrollos, decisiones y destinos, a ciertos administradores de acuerdo a ciertas formas políticas de participación.

Sólo desde la constante conciencia de esta doble dimensión puede abordarse la necesaria relación entre ambas: Cualquier política cultural disciplinar deberá ejercerse desde la perspectiva de una política cultural antropológica; y recíprocamente, la comprensión de la política cultural en su sentido antropológico, desvelará las posibilidades de desarrollo y las funciones y excelencias que el campo disciplinar de la cultura puede ofrecer. Pero los presupuestos, las expectativas, los contextos, las categorías son sustancialmente diferentes.

Desentenderse de esta diferenciación propicia el uso indistinto de esas dos categorías⁵ y su instrumentalización recíproca, uno de cuyos efectos es la confusión entre cultura y arte. No basta con “extender” el concepto de cultura restringido asociado con las artes y las humanidades para abarcar todo un sistema de conocimiento, valores e identidad, ni tampoco basta con “incluir” en el concepto de “desarrollo” específicamente económico, todos los aspectos de la vida social. Se trata de reconocer la naturaleza antropológica de todas las formas de definición y desarrollo cultural, y por tanto atender al reconocimiento de la integralidad de la subjetividad y de la comunidad por encima de la “cultura del desarrollo” (y su implicación en el desarrollo extremo del capitalismo y sus notables contraindicaciones).

En términos antropológicos, las culturas son integradoras sociales, ligadas a la normalización, el adiestramiento y la adecuación a ciertos modelos, lenguajes y parámetros, muchas veces definidos de forma externa a la propia sociedad, por agentes “especializados” (administradores, partidos, lobbies sectoriales, financieros, políticos, educadores, gestores, “industrias culturales”) mediante todo tipo de mecanismos propagandísticos y educativos de influencia (imágenes, objetos, relatos, canciones, monumentos, fastos…). Por ello cada cultura contiene una dimensión de “aculturación” estrechamente ligada a la impostura de discursos hegemónicos (políticos, económicos, tecnocientíficos), de normalización y de exclusión⁶. Aún perteneciendo a la cultura, la experiencia del arte -al menos la definida desde la tradición moderna-, ensaya las singularidades subjetivas de una eclosión personal que no se explica enteramente desde razones sociológicas, o parámetros ideológicos. Esto convertirá la experiencia artística en una de las experiencias más libres y al mismo tiempo más comunitarias.

En las sociedades democráticas, herederas de esa razón moderna de civilidad emancipatoria, la administración pública se legitima desde su doble compromiso de atención y comprensión a la cultura (integradora) y al arte (singular, radical); Y un doble compromiso de ecualización (que evite los excesos de desigualdad entre sectores), y de intensificación de la singularidades y los tejidos sectoriales más relevantes que puedan conducir a una excelencia significativa. Esto solo parcialmente puede traducirse en términos de proximidad -entendida como servicio público ecualizador-, y excelencia -entendida como intensificación de singularidades relevantes-. La “proximidad” no debería ser solo un sistema de legitimación de la administración, ni de difusión de mensajes, o de simple acceso ciudadano a los servicios, actividades e infraestructuras públicas. Debería ser un espacio de vínculo constante entre la administración y su legitimidad pública, y sobre todo la creación de ámbitos de construcción cívica que favorezcan el incremento de las competencias políticas y culturales de sus ciudadanos. La vitalidad democrática de una sociedad depende de la cultura política de sus ciudadanos, esto es, de sus competencias en términos de pensamiento, opinión, decisión, e imaginación. Por ello, la administración pública tiene la responsabilidad de promover el incremento de la cultura política, y como consecuencia: (a) de facilitar programas e iniciativas públicas que favorezcan la existencia creciente de ciudadanos capaces de generar opinión pública, con recursos sensibles, afectivos y conceptuales como para juzgar su presente, y (b) facilitar la libertad de impresión, limitando el poder de las inercias culturales y los sistemas (ideológicos y sensológicos) de formación de opinión. Ello implica la promoción de sistemas de aprendizaje y transmisión con un reconocimiento de la excelencia del arte como lugar privilegiado de saber y responsabilidad, la civilidad en su grado álgido. Una cultura política asumiría una consistente y resolutiva defensa de la cultura disciplinar como agente y garante de la diversidad cultural, tal y como ha sido definida por la UNESCO.

La cultura no es un recurso

Vivir no consiste solamente en saciar el hambre o tener las “necesidades” cubiertas. Concebir la sociedad como un sistema organizado alrededor de la economía supone, en primera instancia, concebir la economía de acuerdo a la lógica del mercado y del capital financiero; en segunda instancia, supone considerar al sujeto como un mero “homo æconómicus”, y a la sociedad entera como sistema articulado por y para el desarrollo del propio capitalismo. Tal y como existen economías capitalistas, existen sociedades no econocéntricas, vertebradas alrededor de otros sistemas simbólicos, lingüísticos, vinculares, etc. …aunque la lógica del capitalismo se impone como “pensamiento único” haciendo cada vez más dificultosa cualquier resistencia o alternativa. Y ello a pesar de que los indicadores reconocidos sobre la felicidad subjetiva y social no coinciden con los de la llamada “sociedad del bienestar”.

Curiosamente, la definición del “homo æconomicus” remite a la persistencia preponderante en la mente humana de esa parte primitiva que McLean denominó el “cerebro reptiliano”⁷, que rige los comportamientos repetitivos del establecimiento y la demarcación territorial, la caza, el celo, el acoplamiento, el aprendizaje estereotipado de la descendencia, el establecimiento de las jerarquías sociales, la selección de los jefes, las jefaturas, la fuga y la lucha, el hambre, la sed y la saciedad… tan fundamental en el establecimiento de los sentidos culturales de propiedad, clase, patria, identidad, etc. Henry Laborit⁸ encontró que la civilización industrial es la expresión de la actividad funcional de ese paleocerebro pulsional y del automatismo social, del funcionamiento determinado de nuestro cerebro prehumano, enriquecido espectacularmente por el servicio ultracreativo y prospectivo del “neocortex asociativo”. Esta instrumentalización de la máxima capacidad de innovación al servicio de la más terrible y ancestral determinación pulsional, explicaría muchos de los desequilibrios -sociales, medioambientales, económicos- que este desarrollo produce exponencialmente.

La aplicación de la categoría “recurso” a la cultura pertenece en propiedad a lo que se ha denominado como la lógica del capitalismo avanzado o capitalismo cultural: una cierta “cultura” que reconoce los recursos como elementos disponibles para la explotación y el uso, todo aquello susceptible de adquirir un valor de uso y/o de cambio. Tanto en relación a su acepción antropológica como a su acepción disciplinar, la identificación de la cultura como recurso es una derivación de la incorporación del mundo entero a la lógica del valor, lo que Negri formulará, a partir de Foucault, como “biopoder”. El “biopoder” es la culminación de la hipertrofia de la gestión, en tanto la gestión misma es el poder, aplicado ahora a todas las parcelas de la existencia: gestión del paisaje, gestión de los recursos, gestión del capital, gestión del capital humano, gestión de la inteligencia, de la afectividad, gestión de la cultura humana, gestión de la vida… O dicho de otro modo, la reducción práctica de la imaginación, del ciudadano, a “materias primas” para el “desarrollo”.

A este principio pertenece la consideración de las ciudades como “empresas” cuyo futuro dependerá de su “competitividad” en una economía financiera global, que convierte la vida entera en un trabajo, en una “industria de la experiencia” supeditadas a exigencias de productividad.

Frente a la consideración de la cultura como recurso -y todas las implicaciones derivadas respecto a la “política cultural” convertida en gestión de recursos, la responsabilidad política de la administración pública exigiría una renovada conciencia de la naturaleza política de la cultura. Cada cultura es responsable de su propio desarrollo, así como de la creación, mantenimiento y transformación de las condiciones que la hacen posible. Esta responsabilidad apela a la autorregulación cultural (tecnológica, demográfica, medioambiental), a una reconsideración de la legitimidad humana en sus compromisos planetarios.

Cultura sostenible

Las ciencias medioambientales definieron la “capacidad de mantenimiento” como “el máximo número de organismos -cantidad de biomasa- que puede mantenerse a sí misma en un área indefinidamente, esto es, el índice de saturación en determinadas condiciones medioambientales, tecnológicas, económicas y sociales, en las cuales se pueden producir cambios, algunos debidos precisamente a la presión de la población, subiendo o bajando el límite de la curva de crecimiento

L creciente sensibilidad de minorías conscientes sobre las contraindicaciones medioambientales del desarrollismo, propiciando congresos internacionales que fijaron la necesidad de una regulación⁹. Pero el imparable y autoinmune desarrollo del desarrollismo propio de la lógica del capitalismo pronto encontró modos de minimizar esas advertencias, integrando los costes de “descontaminación” como costes de producción, o lanzando los costes medioambientales, económicos o sociales, al espacio exterior de una deuda diferida (al tercer mundo, al heraldo público, al futuro), o bien incorporando esos costes al mercado, confiando en desplazando los costes a una fiscalidad corruptible, como “ecotasas” susceptibles de convertirse en valores de cambio.

Desde el Informe “Los límites del crecimiento” (Instituto Tecnológico de Massachusetts, solicitado por el Club de Roma, 1972), la noción crítica de una autorregulación del desarrollo, se convirtió primero en un “desarrollo autosostenido” (Rostow, 1963), después en un “ecodesarrollo” (Sachs, 1974), y finalmente en un “desarrollo sostenible” (Brundtland, 1987)… Como afirmó P.R. Ehrlich (1989), “el flujo circular en el que la inversión corrige el deterioro ocasionado por el propio sistema que la produce (destrucción de ecosistemas, suelo fértil, extinción de especies, agotamiento de depósitos minerales, cambios climáticos, etc.), es inviable en el mundo físico”. Y sin embargo, a pesar y a través de Conferencias, Cartas, Conferencias, Informes, Cumbres, los Acuerdos se acabarán convirtiendo en Observatorios, y la sostenibilidad pasará de ser una exigencia planetaria de autorregulación, a una búsqueda de perpetuación del desarrollo.

El ilustre informe Brundtland vertebra la sostenibilidad en la articulación de tres dimensiones: económica (desarrollo económico), ecológica (preservación medioambiental), y social (justicia). B. G. Norton (1992) advirtió las diferencias entre una sostenibilidad local o reducida y otra global, y entre una sostenibilidad débil -formulada desde la racionalidad propia de la economía estándar-, y una sostenibilidad fuerte -formulada desde la racionalidad de esa economía de la física que es la temodinámica y de esa economía de la naturaleza que es la ecología-. Así, la sostenibilidad fue ampliamente “aceptada como un término mediador diseñado para tender un puente sobre el golfo que separa a los `desarrollistas’ de los `ambientalistas’. La engañosa simplicidad del término y su significado aparentemente manifiesto ayudaron a extender una cortina de humo sobre su inherente ambigüedad” (T. O´Riordan, 1998). la International Conference on Technology, Sustainable Developmente and Imbalance (1996 se mostró aún más explícito: “el empleo de la noción “desarrollo sostenible” se ha convertido en el síntoma de una corrupción de nuestro pensamiento, nuestras mentes y nuestro lenguaje“… La idea de un progreso, que siendo progreso, sea además a soportable, económicamente viable, y socialmente equitativo, es por el momento una quimera que exigiría una transformación radical de la economía, de la política, de la tecnología, de la ciencia, del pensamiento, de la cultura en su sentido antropológico… En efecto, la ritualización del concepto de sostenibilidad supone una malversación de la responsabilidad: Grandes principios que eluden su aplicación y perpetúan situaciones y sistemas de insostenibilidad (descontrol demográfico global, descontrol tecnológico y de explotación de recursos, justicia insocial y ultradesarrollismo económico/financiero) que no aseguran las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades¹⁰.

Testimonio de estas reconversiones categoriales, que afectan a la consideración de las “políticas culturales” es la inserción de la cultura como un cuarto parámetro de sostenibilidad (Jon Hawkes, 2001), indistintamente considerada en su acepción antropológica o disciplinar -como si el Derecho, la tecnología o los sistemas económicos no formasen parte de “culturas” no por internacionalizadas menos “regionales… Y de forma aún más patente en la sustitución furtiva de la justicia social por la “inclusión social”, el “medioambiente” por el “territorio” (J. Pascual, 2006) No se trata de desarrollar parcialmente la cultura disciplinar de acuerdo a cada uno de los parámetros: (a) en cuanto al desarrollo económico, “fomentar el desarrollo del tejido empresarial/comercial y profesional de carácter cultural en el ámbito local”, (b) en cuanto al desarrollo social, el “fomento y despliegue de programas y acciones culturales que contribuyan al desarrollo de valores y relaciones sociales y de ciudadanía”, y (c) en cuanto al desarrollo urbano/territorial, “fomentar la interrelación entre cultura y ciudad, para lograr un desarrollo urbano local sostenible y una habitabilidad equilibrada”¹¹, respondiendo de forma segregada a los indicativos y variables derivados de esa parcelación¹²… Sino de reconsiderar la cultura (antropológica y disciplinarmente) en la que se desarrolla la insostenibilidad.

Tampoco se trata sólo de dar por supuesta la necesaria transversalidad entre los tres ejes de Brundtland, sino de reconocer precisamente las fracturas, las disfunciones, las incompatibilidades …pues de otro modo la sostenibilidad se convierte en un mero cúmulo de principios generales totalmente insostenibles en sus vínculos, lo que permite el desarrollo de políticas parciales (justicia social/ medioambiental/ desarrollo económico) irreconciliables e insostenibles aunque localmente legítimas y populistas, vistosas…

La sostenibilidad implica el reconocimiento de la dependencia de la cultura (lo que incluye economía, derecho y sociedad) respecto a la naturaleza (energía, agua, aire, recursos, vida planetaria). La sostenibilidad social implica el reconocimiento de la dependencia de la estructura jerárquica de la base social sobre la que se asiente y en la que se legitima, por lo que apunta a la cuestión crucial de la justicia y la equidad. La sostenibilidad económica implica un reconocimiento de la insostenibilidad del capitalismo financiero, la configuración de un sistema económico proporcionado respecto a las bases de recursos energéticos y materiales disponibles. ¿Cómo posibilitar una sostenibilidad social sin una cultura política, sin una cultura social, sin una cultura demográfica? ¿Cómo generar un desarrollo económico sin una explotación de recursos que conduce a una insostenibilidad medioambiental? ¿Cómo propiciar una sostenibilidad social justa sin una puesta en crisis de la lógica del capitalismo financiero? ¿Cómo considerar la sostenibilidad sin un reconocimiento de los límites del desarrollo, y su autorregulación consciente?

Una discusión sobre la cultura sostenible no remite únicamente a la articulación de medios que permitan garantías de pervivencia y desarrollo de “industrias culturales”, ni articular los mecanismos para integrar la cultura en su sentido disciplinar en los protocolos de viabilidad impuestos por la lógica del mercado financiero. Sino precisamente reconocer que la crisis de sostenibilidad es la crisis del desarrollo. Más allá, una política referida a una cultura sostenible supone la promoción de una discusión social y una educación en la cultura política, en la cultura ecológico/económica y en la cultura social (políticas económicas, políticas medioambientales, políticas sociales, políticas culturales …corresponden a la promoción de cultura económica, cultura medioambiental, cultura social, cultura cultural). Una política cultural derivada exige una profunda , programación educativa, publicitaria y administrativa.

Política cultural y cultura política

Una política cultural responsable apunta al desarrollo ciudadano de una cultura política. Pero una verdadera cultura política no significa simplemente el establecimiento de sistemas de participación formal. Tampoco significa un mero conocimiento de las “formas políticas” o de sus evoluciones, sino la adquisición a“clase ”del sentido de la corresponsabilidad. La lógica del capitalismo tiende a ofrecer la falsa sensación de una “tierra de promisión” donde los poderes públicos e incluso las empresas privadas son los garantes de un “derecho” a la felicidad, a la completa satisfacción no ya de las necesidades, sino también de los anhelos. Todo aquello que la administración pública no puede proveer queda desplazado hacia la responsabilidad de dicha administración para garantizar que sea cubierto por instancias privadas, legitimadas en la sustitución de la noción de sociedad por la de agentes sociales… Esta lógica posibilita una corrupción ética consistente en la afirmación de una cultura de derechos sin responsabilidades. Se trata de una cultura insocial, impolítica que consiste en la del liberalismo, la democratización de la negligencia y del privilegiola irresponsabilidad del “laissez-faire”…

Habiendo promovido y gestionado una administración que sustenta una red de privilegios financieros y empresariales, los poderes públicos no disponen ya de la suficiente autoridad ética como para “exigir” o apelar a las responsabilidades públicas. Esta lógica arrasadora y autoinmune ha sido tan poderosa en términos de obtención de beneficios y poderes, que el proceso de democratización de la irresponsabilidad produce movimientos incívicos legitimados en la loable defensa de privilegios o derechos locales. La proliferación de agrupaciones alrededor de categorías sociales que se presentan como víctimas de algún tipo de discriminación, lo que las legitima no sólo para realizar demandas a los poderes públicos, sino incluso a utilizar la ley contra la ley -desde la presuposición que la ley misma es un ingrediente más o menos activo que causa su discriminación… En estos casos, la corrupción, la discriminación, la injusticia …se comprenden como medios contra una ley o una sociedad corrupta, injusta, discriminatoria. Y así sucesivamente, en un proceso de perpetuación de lo peor. Al mismo tiempo, cualquier medida que la administración pública pueda articular para apelar a las responsabilidades, corre el riesgo de resultar impopular, y por lo tanto puede hacer peligrar la permanencia de los administradores públicos en el poder. El desplazamiento, el ocultamiento o la elusión de los conflictos no produce una sociedad libre, sino una sociedad acomodada. Pero una sociedad acomodada no es una sociedad libre. Los conflictos son consustanciales a la vivencia y la convivencia: todas las diferencias -de sexo, de raza, de familia, de clase, de cultura, de interés, de competencia- convocan conflictos cuya resolución desvela la condición lógica, ética y estética de una sociedad. La cultura política es una cultura de la discusión, de los intereses confrontadosuna cultura .

La cultura política implica la consideración continua de los sistemas de representatividad, y por lo tanto el reconocimiento de la soberanía popular. Por ello la cultura política implica la responsabilidad cultural de los representantes políticos.

La cultura política incluye una discusión política sobre el micro-contexto de la cultura disciplinar, sobre sus compromisos y sobre su lugar en la cultura en la acepción antropológica.

La inercia creativa

La creatividad no es un fin en sí mismo. Su razón es instrumental en tanto integra los riesgos y los errores en la disolución de prejuicios y principios. La inercia creativa consiste en la sacralidad del riesgo por encima incluso de la eficacia. La inercia creativa impulsa a rechazar lo bueno, lo útil, lo beneficioso, en nombre de lo mejor, lo posible, lo óptimo¹³.os avances enmera La aplicación acrítica de este principio creativo -característica del del innovador neocortex,- conviene a cierta cultura industrial y financiera característica del capitalismo avanzado, pero supone además una temeridad antipatrimonial y regresiva.

La creatividad se ha convertido en un importantísimo motor de la economía liberal. Los programas de I+D+I permiten un proceso continuo de realimentación creativa para la intensificación del mercado y del consumo. Las industrias creativas son un factor importantísimo para la perpetuación y la sostenibilidad del capitalismo, tanto en términos de evolución de productos y procesos, como en términos de implantación social y legitimación.

La innovación se ha convertido en un argumento perfectamente legitimado no sólo contra la tradición -como si ese gran depósito de experiencias sólo contuviese prejuicios- sino también y sobre todo contra el patrimonio no-privado (público, biológico, tecnológico, cultural) convertido en botín, en recurso capitalizable. La paradoja fundamental es que la creatividad se convierte en un elemento legitimador del desmantelamiento patrimonial y en un elemento productivo de la sostenibilidad del capitalismo, no del planeta.

La creatividad consiste eminentemente en una transformación perceptiva, capaz de destituir la lógica del sentido que nos fija en cierta realidad. En la cultura contemporánea, la creatividad se ha polarizado en el desarrollo de en cuya naturaleza no existen las limitaciones de lo real. Si todo es posible en lo imaginario, la hipostasía de la creatividad condiciona una hipertrofia imaginativa, o para ser más precisos, una acomodación en un imaginario sin fricciones, sin tensiones con lo real, en lo que el sociólogo L. Castro Nogueira llama “burbujas amnioestéticas” Pues el desarrollo de una suspensión de la conciencia de límite.

Es en este contexto de una legítima y omnímoda creatividad inercial, en el que la noción de creatividad -y su jovial irresponsabilidad- tiende a sustituir al arte -sospechoso de todas las rémoras aristocráticas de un lujo innecesario….

La cultura como ciudad

De la tribu a la supertribu, de la ciudad a la metrópolis, aumentan progresivamente las conexiones pero disminuyen los vínculos. Y sin embargo, estamos filogenéticamente invocados a vivir en sociedad; desde los pequeños asentamientos familiares a las urbes, la humanidad ha desplegado una vocación urbana. Recíprocamente, la genealogía de la ciudad incluye una genealogía del espacio público. La ciudad es una institución cultural, un complejo de dispositivos que instituyen la cultura. La ciudad es así un apasionante y vivo “teatro de procesos inherentes al poder” (M. Weber), donde se discuten y se resuelven, o se eluden y se postponen, de forma más o menos transparentes o clementes, todos los conflictos de intereses, donde se catalizan los cultos y se educan los hábitos, donde no sólo se vive, sino que se aprende y se enseña a vivir. Es una escuela y un museo en el que todos los tesoros culturales se manifiestan. La ciudad es además un universo de ciudades reales, imaginarias y simbólicas, pues existen más ciudades que habitantes. La ciudad nace como un conglomerado de tribus, cuyas interacciones se hacen estables y se diversifican, de forman que sacrifican parte de sus intereses tribales a cambio de una negociación beneficiosa para la . La ciudad en sí es el producto de un sistema de compromisos no siempre recíprocos, pues la genealogía de la ciudad va acompañada de sistemas de organización altamente jerarquizados, mediante los que los conflictos de intereses quedan bajo el influjo de figuras de autoridad que rompen la homogeneidad e igualdad del espacio. El espacio social -tal y como lo concebimos en el occidente moderno, instituido bajo legitimidad popular como un espacio público-, es una conquista histórica íntimamente ligada a luchas de emancipación, basada en la noción de la polis como negociación. el espacio público el auténtico campo de batalla para la conquista industrial de la opinión pública ciudad como territorio del asedio psicotécnico del espacio social. Pues quien detente y administre los medios de producción de opinión pública, gozará de un poder legitimado democráticamente. A partir de ese momento, las políticas culturales ya no podrán articularse alrededor de la escenificación de una legitimidad descendente (de dios al soberano, del soberano a sus representantes, y de estos a sus esclavos), sino que deberán ser consecuentes con esta nueva legitimidad ascendente (desde los ciudadanos hacia sus representantes y de estos a las leyes)… A esta dimensión libertaria de legitimidad ascendente pertenece la historia del arte moderno, desde el naturalismo decimonónico a los happenings del XX, desde el verismo al arte relacional y ampliamente participativo. Y a esta dimensión liberal pertenece también la suplantación del arte por la cultura, y de la cultura por la gestión cultural.

La ciudad liberal es un espectáculo psicotécnico de alto rendimiento, un sistema complejo en el que el ciudadano es un dispositivo funcional más; la ciudad y la economía de servicios, indica no sólo que la gran máquina para habitar ofrece al ciudadano todo tipo de servicios -a la medida de todos sus modos de goce- sino también que el ciudadano es servicial, es uno de los dispositivos al servicio del funcionamiento global. La ciudad utilitaria convierte todo en función: los árboles serán “dispositivos de humanización”; los animales, recursos alimenticios o recursos emocionales de convivencia solitaria… La vida entera, incluidas las pulsiones y los goces, los anhelos y los sueños quedan asimilados a la lógica de la eficacia y la productividad: en términos fiscales, el ciudadano será un dispositivo de recaudación; en términos políticos, un dispositivo de legitimación; en términos laborales, un dispositivo de producción y consumo, etc…

Vivimos en un poderoso entorno estético saturado de signos interesados en modificar nuestra conducta y nuestro pensamiento. Un ciudadano que vive en una ciudad moderadamente grande, se ve sometido diariamente -de forma involuntaria- a ver más de 120 anuncios publicitarios. Nuestras ciudades están pobladas por esos signos de propagandas públicas y privadas y cada uno de esos miles y miles de signos, han adquirido el derecho a influirnos previo pago a la administración pública. No se trata de información, sino de inducción. Para el ciudadano, mientras tanto, resulta cómodo el refugio en los bálsamos seductores de la gran ficción de los goces a la carta, en vez de asumir las incertidumbres de la responsabilidad política…

El espacio público es legitimado en la participación pública, pero administrado de acuerdo a los intereses del mejor postor. Los gastos ingentes que las empresas pagan por instalar su publicidad en el espacio público, dan cuenta de la cesión de nuestro mundo perceptivo. En nombre de la información, se impone una formación instituida por oligarquías y administrada con la connivencia de la administración pública. Quienes acceden a formar parte de la clase política, se legitiman como representantes públicos, pero rinden y se rinden a los intereses privados. Su propia toma de poder se produce en virtud de las mismas estrategias económicas, mediáticas y publicitarias que se muestran eficaces en la formación de la opinión pública con fines de consumo. Para acceder a la posición de representante público, es imprescindible contar con “fondos de inversión” en propaganda cuyos patrocinadores no suelen ser precisamente desinteresados. Se trata de un uso fraudulento de la letigimidad popular, destituida en populismo ilegítimo que conduce a un severo proceso de aculturación generalizada: el descontrolado control de los medios de formación de la opinión tiende a retroalimentarse, debilitando la opinión publica al convertirla en dócil respuesta a las ofertas y demandas de un mercado de valores basados en la asimetría de la influencia. A la libertad personal y social le conviene reconocer y contrarrestar ese libertinaje de expresión, propio del ejercicio privilegiado y negligente del liberalismo y su anarquía institucional sumergida, capaz de esa ética feudal que convierte la deuda en pública y en privada la ganancia. Pues no puede existir el libre pensamiento, ni la libertad de opinión en un paisaje sobresaturado de estimulaciones interesadas. Es característica de la cultura liberal la disfunción entre la verdad de Derecho, respecto a la igualdad ante la ley, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, libertad de elección, libertad de decisión, libertad de expresión …y la desigualdad respecto al poder de influencia, la producción de opinión, el acceso y el control de los medios de producción de opinión (media). La asimetría convierte las desigualdades en la libertad de expresión, en una radical falta de libertad de impresión.

Una sociedad democrática se define por la cultura política de sus ciudadanos. La soberanía popular exige como condición, la capacidad para un desarrollo libre de la opinión pública, la libre opinión. Una política cultural responsable exigirá la promoción de sistemas cívicos que propiciasen la autogestión de la opinión pública. Un ejercicio de la libertad de impresión permitiría al ciudadano no someterse al paisaje de sobreestimulación en el que vive sin saber si quiera de su falta de recursos sensibles ni mentales para filtrar la saturación intensiva y extensiva de su ciudad.

PARTE II. SUGERENCIAS

El objetivo global de estas sugerencias es la propuesta de una excelencia cívica como cultura. No la sugerencia de una ciudad modélica, pero sí la configuración de sistemas de convivencia singulares respecto a los modelos de convivencia, de habitación, y de servicios que pueden encontrarse en el entorno local, nacional e internacional. En este punto, aspectos sencillos como la determinación de la política cultural como cultura política, pueden convertirse en revolucionarios.

Reconocimiento de la legitimidad pública de la administración cultural

Incremento real de la sensibilidad de los políticos y los administradores públicos sobre su propia legitimidad, esto es, sobre la cultura política que los sustenta y a la que se deben. Ello implica la consideración de la naturaleza política de la cultura, y la renuncia a la instrumentalización política -partidista- de la cultura. Precisamente por ello, no pueden confundirse lo público, lo popular y lo populista: la política cultural no debería legitimarse en índices o indicadores ligados a tecnopolios o populismos, sino en índices cualitativos, para lo cual es imprescindible no pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Los administradores no sirven a las estructuras, o a las organizaciones, sino a las personas y a los vínculos que ellas generan.

Persistencia del carácter público de la administración

La resistencia frente al feudalismo financiero, frente al influjo de influencia de agentes privados, por poderosos que fueran, en beneficio de los intereses públicos. Ello implica la atención a la opinión pública con una clara discusión sobre la falta de neutralidad de los indicadores al uso. Supone también la revisión de cualquier política que aumente la deuda pública, en tanto la deuda conlleva dependencias políticas con consecuencias culturales.

Contención administrativa

Bajo la loable misión de gestionar y gobernar una sociedad compleja, se ha producido en la sociedad contemporánea una creciente profusión de sistemas administrativos que -lógicamente- tienden a promover su perdurabilidad y su proliferación. Esta inflación administrativa adquiere su legitimidad de la soberanía popular, pero una vez instituida, adquiere una independencia funcional suficiente como para convertir la vida misma no ya en su objeto, sino en su “material”. Se trata de la burocracia de los técnicos en la administración, que gobiernan incluso la propia tecnocracia. Se trata, en efecto de la sustitución de la Ley -y su fundamento cívico y simbólico- por la normativa -y su naturaleza administrativa y mecánica. La inflación administrativa y la proliferación de intermediaciones profesionalizadas, hará confundir la agencia cultural con la gestión cultural, las gestoras con las gestorías. Es responsabilidad de la administración pública reconocer a los agentes culturales, más que la contratación de gestores culturales.

Este reconocimiento implica la puesta en crisis la noción de eficacia basada en una reducción cualitativa y cuantitativa de las variables –y la consiguiente pérdida de valor antropológico; y de la noción de productividad en tanto conlleve una hipertrofia de la mediación, de la administración, de la gestión (delegación, subcontratación, burocracia y plusvalor). La hipertrofia de la mediación aumenta la productividad financiera, pero no garantiza un aumento de la calidad cultural.

Asunción pública de compromisos patrimoniales

Como afirma un proverbio massai, “uno no hereda la tierra de sus antepasados, la toma prestada de sus descendientes”. La consideración de la cultura como patrimonio debe seguir a la consideración del patrimonio público como usufructo ajeno a la lógica de las transacciones. Esta cultura patrimonial es contraria a la gestión privada del patrimonio público en la lógica de las sociedades del capitalismo avanzado. La sensibilidad patrimonial excede la consideración de la cultura como industria, e incluye la consideración de la industria como una cultura, y no como un hecho dado, y por ello susceptible de discusión y negociación política. La cultura industrial y financiera, tal como la cultura no son autosuficientes, y su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia son el resultado de la implantación del capitalismo. Esta advertencia pone en cuestión la vigencia de la noción de “industria cultural”, dentro de una economía más financiera que industrial. La cultura en la economía financiera se define menos como industria, que como servicio de valor. Pero la noción de “cadena de valor” indica una sumisión del sistema a la lógica del plus-valor, y no tiene aplicación universal, especialmente aplicada a la vida, y por tanto a la sociedad y su cultura.

La cultura patrimonial debe atender no sólo a la conservación patrimonial, sino también y de forma especial a la creación patrimonial. El patrimonio cultural incluye tanto el campo general -antropológico- como el campo restringido -disciplinar.

La cultura patrimonial tendrá que reconocer el valor patrimonial de la cultura disciplinar, y del arte como gestación patrimonial, como bien de inversión, y consiguientemente el reconocimiento del creador como creador de patrimonio. Desde esta perspectiva, la administración pública debería ser capaz de arbitrar los medios necesarios para reconocer en los artistas auténticos “creadores de patrimonio” y propiciar mediante todas sus competencias (fiscales, industriales, promocionales, etc.), el incremento y la optimización de su actividad.

Plataforma cívica para la autogestión

Creación de un sistema público, gestionado por la administración pública y desarrollado por todas las formas posibles de participación ciudadana, para determinación de un Plan estratégico global para cada ciudad, basado en el ofrecimiento de excelencia vinculada con la civilidad. La composición de este sistema debería integrar expertos en ciencias sociales, agentes culturales, agentes cívicos, administración pública. La gestión de esta mesa no debería suponer una contratación, sino que su composición debería ser orgánica y pública, con participación proporcionada al carácter local, nacional e internacional de los invitados. La atención de la administración pública a la promoción de una política cultural implica una sensibilidad especial hacia la simbiogénesis social en la gestación de la opinión pública: la autogestión de la opinión (contra la publicidad, contra la asimetría de la influencia). Los objetivos y contenidos que compondrían la agenda de esta comisión referirían íntegramente a la doble dimensión -antropológica y disciplinar- de cultura, esto es, al desarrollo de la ciudad como asentamiento humano que aspira a su mejora vital y a su pervivencia.

Reconocimiento crítico

Comprender la ciudad como crisis es reconocerla como sistema dinámico, cuya estabilidad está compuesta de inestabilidades, de desequilibrios. Contra la aplicación acrítica de la noción de “estrategia” (ejército, proyecto, plan), la política cultural debería ensayar la aplicación de una noción crítica de crisis (proceso, disposición, criterio). La raíz etimológica de la civitas remite a la conjunción entre yacer y amar: la ciudad es el lugar donde se con-vive, el lugar donde se duerme y donde se quiere, una red de vínculos donde todos trabajan para todos, intercambiándose todo aquello que cada uno necesita, alimentando los anhelos propios y ajenos. Por eso la civilidad implica la implicación social, una complicidad por encima de las diferencias de interés, o que integra los conflictos de interés en el orden superior del desarrollo convivencial. Ello no conlleva la eliminación de los conflictos en una suerte de paraíso irrealizable, o bien de una “inclusión social” que elimine las diferencias. Muy al contrario, la civilidad se articula como conflicto: el conflicto es el fondo y la naturaleza polémica de la convivencia. El modelo biológico es revelador en el sentido de la cooperatividad de competencia, lo que implica (a) los beneficios del conflicto como factores de (b) la preeminencia de la cooperatividad. La biomasa se habrá diversificado en función de los conflictos vitales entre especies progresiva y recíprocamente involucradas. La civilidad implica además corresponsabilidad, esto es, ética convivencial. Por ello la civilidad habrá adquirido el sentido de afabilidad, cortesía, urbanidad, vecindad… La democracia sólo puede persistir, en su sentido más pleno, en continua crisis de legitimidad, no como acomodación de sistemas formales de participación que debiliten la conciencia de la soberanía. La política cultura debería propiciar una puesta en crisis de la política, de la comunidad (de la noción y de la condición de la comunidad), crisis de la ciudad como espacio social, crisis de identidad… La promoción de esta cultura crítica incluye también una puesta en crisis de la cultura, que no puede confundirse con la promoción institucional de cierta cultura reconocida como “contracultural”.

Definición de la ciudad como arte

La dimensión cultural de la ciudad la convierte en un artificio de supervivencia, cumpliendo funciones de protección, provisión, etc… La ciudad concebida como arte la convierte en un experimento cívico, como un laboratorio de ensayos de convivencia, de fisuras conflictivas, de desencuentros, es el sustrato sobre el que concebirla en su dimensión o posibilidad artística. Esta consideración supone el paso de la noción de ciudad-empresa (propia del capitalismo avanzado), a una ciudad-organismo, a una ciudad-obra, a una ciudad de excelencia, no definida desde su “normalidad” sino desde su singularidad, desde su pluralidad, desde su carácter sensible.

Definición de la ciudad integral

Cada ciudad se desvela como un acontecimiento complejo de estratos geológicos, fondos marinos, depósitos arqueológicos, vías de comunicación, calzadas, estaciones, fondas, cultivos, asentamientos, emigraciones, inmigraciones, renovaciones, vínculos, tránsitos y aluviones, pero también, de forma especial, de convivencias y negociaciones. Geología, topografía, geografía, biología, historia, arte y sociedad hacen de cada ciudad, una ciudad de presente y por tanto crítica. Toda ciudad es acomodada (autosatisfecha) y crítica (insatisfecha). La posibilidad de excelencia proviene de su condición integral.

Integración no tendría aquí un sentido de acomodación, sino de cohabitación de lo conflictual. Integridad no significa tampoco completud o autosuficiencia, sino renovación. Integral significa, en el contexto matemático, una expresión diferencial, la suma de infinitos sumando, el límite que aproxima sin alcanzar, el área de la región curvilínea de lo social, en su reducción en áreas no curvas de parámetros indicadores.

Ciudad integradora de diferencias: de origen, de identidad, de raza, de clase, de sexo, de cultura. Una ciudad integradora es una ciudad abierta, capaz de integrar elementos culturales heteróclitos. Integradora no significa solamente acumuladora, “multicultural”, -que tiende a una homologación bajo un único parámetro local de integración-, sino más bien “intercultural” -que se transforma de forma fluida en función de las relaciones surgidas de las nuevas integraciones-. Una ciudad integral es una ciudad valiente, sin complejos, sin miedo a perder nada supuestamente esencial, cuya personalidad proviene precisamente de su capacidad de relación y de transformación, de su apertura.

Ciudad integral significa también ciudad que contiene y aprecia incluso lo no-refinado, que no exige una eliminación de todo aquello que no se adapte a un plan. Integral significa que integra incluso lo conflictivo, lo aparentemente inútil, insustancial. Ciudad integral significa ciudad que excede los mitos modernos de funcionalidad productiva y proyecto. Significa una ciudad crítica, en el sentido de una ciudad que se reconoce conflictiva, luchadora, emancipatoria, consciente.

Ciudad íntegra significa virtuosa, honorable, decente, honrada, digna, noble …ciudad integral implica asunción de responsabilidades. En términos políticos, ello supone la recuperación del espacio social como un espacio público como autogestión de la opinión pública, y por tanto sujeto a limitaciones publicitarias.

Por todo ello, ciudad integral es sinónimo de cultura cívica, de civilización. Una ciudad civil es una ciudad gentil, lo que significa atenta, tratable. La noción de ciudad integral se propone como idea instrumental para la confección de un plan de excelencia cultural. Se trata de convertir las dificultades en oportunidades, convertir la ciudad en un espacio que recuperando y reconociendo cierta tradición de habitabilidad, intersección entre una cultura urbana y una cultura rural, una cultura autóctona y una cultura foránea, entre una vivencia acomodada y una insatisfacción …se articule como ciudad crítica, como ciudad social.

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Publicado 2 octubre 2009
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